DECALOGO PARA POLITICOS
Por: DR. Armando de la Torre
Ahora que estamos inmersos en una profunda crisis constitucional, creo que es el momento oportuno de recordarnos del objetivo fundamental de todo proceso electoral democrático: asegurar la sucesión pacífica de unos hombres por otros en el ejercicio del poder coactivo del estado. Esta crisis constitucional se hace cada vez más honda y desagradable porque el positivismo jurídico por el que se rigen nuestros magistrados, jueces, abogados y notarios nos impide salir de ella con la rapidez y la limpieza democrática posibles, esto es, con el uso anticipado del recurso democrático por excelencia: elecciones generales. No sé como saldremos de este caos institucional en que el país se ha hundido desde el 25 de mayo, pero todo esto puede ser, por otra parte, un reto fecundo para que repensemos en qué consiste el bien común y al servicio de qué está ese monopolio del poder coactivo que delegamos constitucionalmente en el Estado. Hoy por todos se reconoce que el gobierno mayoritario, es decir, el gobierno que cuenta con el consentimiento de los gobernados por un plazo fijo –en nuestro caso, cinco años- es el “menos mal” de todos los sistemas políticos. Pero también conviene recordar que el Estado, así democráticamente constituido, existe, a su vez, sólo para velar por el respeto de los derechos de los individuos que lo integran.
Este respeto a los derechos individuales entraña un apego escrupuloso a todas esas instituciones públicas y las normas morales y legales que limitan el ejercicio del poder y a un tiempo lo descentralizan. De otra manera, los derechos humanos corren el peligro de ser tarde o temprano conculcados. Esta es la esencia de lo que en términos más técnicamente jurídicos se conoce como el Estado de Derecho. A todo lo largo y lo ancho de la América Latina, estas verdades fundamentales son olvidadas con frecuencia durante el periodo electoral, mucho más aun por aquellos que logran triunfar y se aseguran del poder, del que, en cambio, no olvidan disponer, más como un botín personal a repartir a su antojo entre parientes y amigos que como un medio, y sólo un medio, para el fin último del Estado de garantizar que se respeten los derechos individuales de todos y cada uno. Por todo esto se me ocurre ahora sugerir un decálogo de principios que responda a lo que los hombres y mujeres que con su trabajo e iniciativas producen y generan riqueza y bienestar quisieran ver satisfecho por todo Gobierno.
1. Queremos un Gobierno honesto, es decir, un Gobierno rigurosamente prudente en el manejo del dinero amasado por los impuestos extraídos de los contribuyentes, que lo somos los guatemaltecos todos. Esto, por ejemplo, se traduce en políticas fiscales serias de impuestos bajo, proporcionales y neutros, de presupuestos equilibrados, de políticas monetarias que siguen los índices del mercado de la libre oferta y demanda de divisas, y de la asignación pública y abierta de los recursos del estado según la voluntad de los representantes que el pueblo eligió para el Congreso.
2. Un Gobierno respetuoso de sus propias leyes, que dé seguridad efectiva a todos y cada uno de los ciudadanos en su personas y en sus bienes. En la práctica, esto significa un Gobierno que cumpla pronta y exactamente con todas sus obligaciones contractuales y que se guía por reglas claras y estables, que, como en el caso nuestro, se podrían incorporar en un Código Tributario sensato: al igual que con el pago puntual de los bonos emitidos por el Banco de Guatemala, así como de los créditos fiscales del IVA; esforzándose, al mismo tiempo, por dar un salto exponencial en la mejora de la calidad de la Policía Nacional y de los servicios penitenciarios.
3. Un Gobierno genuinamente nacional, que no enfrente a unos guatemaltecos contra otros sino que labore en pro de la cooperación pacífica entre todos, lo cual implica la ausencia de privilegios odiosos, de retóricas de lucha de clases y de comparaciones maliciosas entre sectores y organizaciones.
4. Muy ligado a lo anterior, un Gobierno justo, que vele por la estricta igualdad de todos ante la ley y por la obligatoriedad de los contratos entre privados. Lo cual supone tribunales de veras independientes, que hagan justicia rápida, y la extirpación de ese cáncer de las medidas “de hecho” de unos grupos de presión contra otros, en especial de las burocracias estatales del Gobierno central y de las entidades autónomas y descentralizadas, las más despiadadas con el público, al que dicen servir, en la prosecución de sus intereses gremiales, no tanto por un egoísmo que sea “diferente” al de los demás sino por la protección y aliento “oficiales” que lo hacen “diferente”, es decir, más dañino al bien común.
5. Un Gobierno democrático, que acepte los límites constitucionales a su poder y no impida la alternabilidad en el Gobierno a través del uso ilegítimo de los recursos del Estado. De aquí se desprende un honesto respeto a la independencia de los diversos organismos del Estado, un sentido de responsabilidad profundo en los diputados hacia quienes los eligieron antes que hacia sus respectivos Partidos políticos, así como la evitación de todo asomo de intento de continuismo en el poder a través del apoyo de organizaciones paraestatales, como, por ejemplo, los Consejos de Desarrollo o las federaciones sindicales, sobre todo las de los empleados públicos.
6. Un Gobierno subsidiario, que no se arrogue la producción monopolística de los bienes y servicios que puedan producir con mejor calidad y menor precio las empresas privadas. Lo cual hace absolutamente innecesarias las empresas estatales como Guatel, Aviateca, Fegua, Inde, la Autoridad Portuaria de Santo Tomás de Castilla y una cuarentena más, pero también todos esos controles, puramente demagógicos, de precios, que deberían ser calificados de iniciativas para provocar escaseces y que, en el caso del control de cambios, deberían llamarse “leyes de fomento de la fuga de capitales”.
7. Un Gobierno transparente, que no se escude tras la secretividad burocrática ni manipule la información sobre la cosa pública en competencia desleal con los medios de comunicación que se hallan legítimamente establecidos por manos particulares. Lo cual excluye, además de la violación al irrestricto respeto de la libertad de información, los abusos de los antejuicios, de los confidenciales, de los impedimentos al acceso a los documentos públicos por cualquier ciudadano y en cualquier momento, o la puesta en marcha de una maquinaria de propaganda estatal al servicio de un Gobierno que se vende o la ciudadanía como “infalible”.
8. Un Gobierno ejemplar, que en las vidas de sus personas y de sus familiares ofrezca a los jóvenes de nuestra patria los ejemplos de sentido de la responsabilidad, laboriosidad, fidelidad y respeto mutuo que tanto necesitamos. Con lo que se retiene la sana subordinación de la vida política a la ética judeo-cristiana que nos rige a todos los demás y se cimienta la base moral del Estado para combatir el crimen, la drogadicción y el flagelo de la deserción paterna, raíz principal de la desintegración familiar y social.
9. Un Gobierno fiel a su palabra, que no contradiga con sus actos lo que prometio de viva voz. Con lo cual se erige la virtud de la veracidad como la virtud suprema en el trato entre gobernantes y gobernados y se facilita la colaboración voluntaria entre todos para los fines del bien común. Porque de nuestra libertad se nos priva no menos por el engaño que por el uso de la fuerza.
10. Un Gobierno consecuente con nuestros amigos en el exterior, sin que se declare neutral entre el agresor y el agredido, los tiranos y los oprimidos, el totalitarismo y la democracia. De esta manera Guatemala dejaría de ser una isla, se integraría firmemente en el entrelazado de las naciones civilizadas y aportaría así la tarea común de derramar los beneficios del progreso por todo el globo. Al cierre de este decálogo, hago mías las palabras de Bernard Shaw; “Veo el mundo como es y me pregunto por qué; y lo sueño como sé que pudiera ser y me pregunto ¿por qué no?.
